"Al adquirir su entrada, contribuye al mantenimiento del templo, que no
podría permanecer abierto todo el día para las visitas a no ser por la
aportación de los que llegan a él". Éste es el mensaje que recibe al
visitante a la entrada de la Iglesia de Santa María de los Reales
Alcázares de Úbeda, una de las principales joyas arquitectónicas del
Renacimiento Andaluz que, tras una tortuosa restauración de 28 años que
culminó en 2011, ha reabierto sus puertas al público... previo pago.
Edificado en 1234 sobre una antigua mezquita aljama, el templo se había
convertido en el tesoro oculto para las generaciones de ubetenses que
han asistido a una restauración que ha durado casi 30 años. El estado de
ruina en que se encontraba obligó al Obispado de Jaén, titular del
inmueble, a cerrar sus puertas al culto y las visitas en 1983. Fue en
1986 cuando la Junta inició una restauración a la que se ha destinado
más de seis millones de euros procedentes en su totalidad de las arcas
andaluzas. La aparición de restos arqueológicos, la polémica por la
construcción de nuevas cubiertas y la dependencia de los presupuestos
públicos -en la última fase con la crisis como gran protagonista-
dilataron de manera extraordinaria las obras de un edificio que hoy,
como reza su web, "ha comenzado una nueva andadura en la que se conjugan
las celebraciones cristianas y las visitas turísticas", unas rutas,
estas últimas, gestionadas por Palacios y Museos, especializada en
gestión de Instituciones Culturales. Esta empresa se reparte al 50% con
la iglesia de Santa María los ingresos por las entradas, según Juan
Serrano, portavoz en la Comisión de Cultura por IU, y el parlamentario
que elevó a la cámara andaluza la queja de los más de tres mil firmantes
contra esta suerte de copago patrimonial.
La pregunta de Serrano motivó la comparecencia en el pleno de Luciano
Alonso para presentar la propuesta de diálogo con la Iglesia en relación
al acceso de los ciudadanos al patrimonio catalogado como Bien de
Interés Cultural (BIC). Una intervención que, a la postre, ha reactivado
a principios de este mes, la comisión mixta, con la participación del
arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, portavoz de los prelados del
sur, para el estudio de éste y de cuantos casos de naturaleza similar
existen en Andalucía.
El debate viene de antiguo pero es ahora, en estos tiempos de arcas
vacías en todos los estamentos, cuando unos y otros echan mano de la
calculadora. La Junta cifra en más de 70 millones de euros la inversión
destinada en la última década (desde 2002 a 2011) a actuaciones de
conservación y restauración de diferente calado de bienes inmuebles y
muebles, como retablos, lienzos, esculturas, azulejería, platería y
tejidos, pertenecientes al numeroso, complejo y valiosísimo patrimonio
que la Iglesia Católica tiene en Andalucía. En total, en la última
década la Administración andaluza ha acometido intervenciones de
distinto calado, muchas de ellas contando con los profesionales del
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en 387 inmuebles religiosos,
de los que 162 tienen el máximo nivel de protección legal y están
declarados BIC. Y no sólo en las capitales -acaso el más conocido por el
gran público- sino por toda una geografía plagada de singularidades y
escasez de medios, no sólo económicos, sino también de religiosos al
frente de templos y ermitas. Por regla general, defiende la Consejería
de Cultura, los inmuebles sobre los que se ha realizado una intervención
pública -sea o no BIC- abren sus puertas sólo en horarios relacionados
con el culto.
Y es aquí donde radica la necesidad de entendimiento. En declaraciones a
la prensa en Sevilla, a principios de septiembre, monseñor Asenjo quiso
poner en valor el esfuerzo de la Iglesia por mantener el patrimonio
religioso. "Este trabajo no es fácil, porque una parte es lo que
invierte la diócesis como tal con cargo a sus presupuestos, y otra parte
mucho más notable es la que invierten las parroquias, que son entes
autónomos que se gobiernan a sí mismos, con los propios presupuestos
parroquiales y con la ayuda inestimable de los fieles". Y defendió el
cobro de entrada en algunos templos con una pregunta retórica: "¿Quién
paga después a los guías, la seguridad, a los sacristanes, a las
personas que abren y cierran los templos, a las personas que los
custodian durante las visitas?"
Incapaz hoy de hacer frente con sus propios medios a grandes y costosas
rehabilitaciones en sus edificios, la Iglesia ha confiado a la Junta la
restauración de edificios que, a su vez, son vendidos por el Ejecutivo
andaluz como reclamos únicos para un turismo que supone el 11,5 del PIB
en Andalucía (con 15,5 millones de euros de ingresos en 2011 de la
Consejería de Turismo). "Si se restaura con dinero público debería
existir una normativa consensuada de visitas porque, como BIC, son
reclamos de primer orden". Así se manifiesta Antonio Garrido, portavoz
de Cultura por el PP en el Parlamento. "Hay que estudiar caso por caso y
en aquellos en que no se pueda aplicar una normativa general, tendrá
que valorarse a fondo su complejidad", opina. Y si bien Garrido celebra
que se haya convocado esta mesa de diálogo, critica la tardanza "de
años" en retomar una comisión que, con todo, asegura, se reanuda ahora
por parte del PSOE "forzado, como está, a satisfacer a su socio de
Gobierno, que defiende un discurso absolutamente trasnochado". Serrano,
por su parte, no esconde sus intereses ideológicos: "Defendemos que todo
aquel patrimonio que ha sido financiado con dinero público sea del
pueblo, no de la Iglesia, que demasiado bien tratada está por la
sociedad, que le exonera del pago del IBI y otros impuestos".
Ideología aparte, lo cierto es que diversas asociaciones vecinales y
líderes municipales han protestado por la instauración de la tarifa
turística a iglesias restauradas con dinero público, como por ejemplo la
Iglesia del Carmen en Antequera, tras ser restaurada con un coste de
tres millones se abre a las visitas a razón de dos euros la entrada.
Aunque no existe un registro como tal de los templos, conventos e
iglesias que aplican la tarifa turística, Garrido cifra en unos 40 los
inmuebles eclesiásticos en los que media el cobro de una entrada. "Para
casi todas las catedrales de España y Europa, se paga una cantidad que
se destina a la propia conservación del edificio, pero hay que ser
transparente en las acciones. No es un problema ideológico, sino una
cuestión que garantiza, además del culto, el aprovechamiento de estos
recursos para la economía andaluza", opina. En cualquier caso "siempre
hay alternativas, como entrada libre a los vecinos y cobrar al turista,
como ocurre en otros monumentos, caso del Alcázar de Sevilla".
El historiador Joaquín Egea, portavoz de la Asociación de Defensa del
Patrimonio de Andalucía (Adepa), considera que para exigir la apertura
de todas las iglesias tendría que diseñarse un plan de trabajo entre la
Junta, la Iglesia e investigadores y expertos que redactaran unos
mínimos para la apertura de los edificios catalogados de acuerdo a la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Es decir, una normativa
consensuada para garantizar las condiciones de una visita, como "guías o
grupos comprometidos de voluntarios para la realización del recorrido,
seguro de robo y daños, folletos explicativos...". De hecho, por esa
falta de mínimos, hoy están cerradas al turismo iglesias que han
necesitado de una inversión millonaria pero que carecen de un plan de
desarrollo posterior, caso de la Iglesia de los Descalzos de Écija
(Cultura sufragó 5 millones en solitario) o el convento de los Agustinos
de Huécija en Almería, con 1,4 millones públicos.
Respecto al cobro de la entrada, acaso el aspecto que ha subrayado la
Junta como brecha con la Iglesia, Egea no rechaza la medida "siempre que
los ingresos sean destinados a la conservación del edificio", y
tratándose el coste de la entrada "muchas veces testimonial". "Se
aprovecha la anécdota para hacer demagogia. Si una empresa organiza unas
visitas y ofrece un servicio, es lógico que cobre por ello, lo que no
debe permitirse es que se invierta una millonada en una rehabilitación y
no se mantenga el edificio y dentro de 30 años haya que rehabilitar de
nuevo", resume.
De hecho, la Catedral de Sevilla (con la restauración del Giraldillo),
la de Málaga, la Mezquita de Córdoba han recibido generosas inversiones y
aplican una tarifa para la visita y contemplación de sus fondos, porque
son edificios para la oración pero también atractivos que trascienden
nuestras fronteras, una naturaleza que si bien se aplaude en el marco
religioso despierta recelos. En la reciente celebración en Sevilla de
los 25 años de la declaración de la Catedral, el Archivo de Indias y el
Alcázar como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Asenjo defendió
el papel evangelizador frente a la faceta cultural y turística y reclamó
que no se "ahogue ni desvirtúe la esencia religiosa" del templo, ya que
de ser así la Catedral "se convertiría en un simple museo".
Límites y sensibilidades que separan el arte de la fe.